Minoritarios de todo el mundo afean la intervención del Gobierno en Ferrovial

Pero no solo la paciencia de la empresa presidida por Rafael del Pino. Según ha podido saber ABC, dos de las principales asociaciones internacionales de accionistas minoritarios, la europea Better Finance y la World Federation of Investors, han decidido personarse hoy en la junta de la multinacional española para defender los intereses de los pequeños accionistas, sorprendidos por la acción intervencionista del Gobierno Sánchez en una compañía multinacional privada, poniendo en claro riesgo el principio de soberanía de sus accionistas y la aplicación del derecho comunitario, algo desconocido en el ámbito empresarial europeo.

Así, el esloveno Kristjan Verbic, miembro del comité de dirección de Better Finance, y el belga Jean Pierre Paelinck, secretario general de World Federation of Investors, tomarán hoy la palabra sorprendidos por los derroteros que estaba tomando «la intervención descarada del Gobierno en la toma de decisiones de una multinacional privada y en la intención de voto de sus accionistas para paralizar el traslado de la sede», según afirman fuentes próximas a ambas personalidades.

Además, fuentes jurídicas conocedoras de la llegada de Verbic y Paelink explicaron a este periódico que toda esta maniobra del Ejecutivo Sánchez estaba surtiendo efecto a tenor de la evolución del valor de la compañía en Bolsa esta semana. De hecho, tras el intercambio de misivas entre Gobierno y Ferrovial -ya que la empresa envió su réplica por parte de su consejero delegado, Ignacio Madridejos, que volvía a reiterarle que hay detalles técnicos que impiden esa doble cotización y que no existen precedentes de una empresa española que haya obtenido esa licencia para acceder a los mercados estadounidenses- la acción se instalaba en los 26 euros. Y es que los 26 euros la acción son clave en ese proceso de salida. Es el nivel a partir del cual el equipo directivo de Rafael del Pino catalogaría la operación de éxito o fracaso. Porque es la cantidad que está dispuesta a pagar la compañía a los accionistas que no deseen conservar sus títulos tras la mudanza. Por tanto, cuanto más se acerque la cotización de cierre a ese nivel, mayor será el atractivo para desprenderse de los títulos. Ayer, Ferrovial cerró en los 27,14 euros, un 1,23% más que la sesión previa, lo que sería peor para los intereses de la compañía si tuviera que hacer efectivo ese pago. «Los mercados financieros se guían por la información, y una carta enviada por el Gobierno a una empresa privada se pongan como se pongan es intervenir en la deriva de su cotización», asegura José Estévez, vicepresidente de Cremades & Calvo Sotelo, despacho contratado por Ferrovial hace un mes para el asesoramiento jurídico en la Junta.

Y tan sorprendente como fue para los accionistas minoritarios de todo el mundo el ataque directo del Gobierno español en una gran empresa privada, en un país como España, lo fue también ayer el giro inesperado en la posición de voto del fondo soberano noruego. Norges anunciaba que votará hoy a favor del traslado de la sede social de Ferrovial en la junta de accionistas, lo que supone un cambio sobre la postura anunciada esta misma semana por el gestor que cuenta con un 1,5% de las acciones en la compañía española.

El cambio de paso supone un varapalo para el Gobierno, que pensaba haber encontrado en el fondo estatal noruego un aliado en su ímpetu por frenar la marcha de la constructora. El gestor nórdico es uno de los grandes inversores mundiales, con más de 300.000 millones de euros gestionados en empresas de todo el mundo. En Ferrovial, su participación asciende a unos 300 millones, lo que la convierte en un accionista de peso dentro de la compañía.

Norges anunciaba esta rectificación en su propia página web. Votará a favor de todos los puntos del día fijados para la junta de accionistas, incluida la absorción de la matriz española de Ferrovial por la actual filial de Países Bajos. La fusión inversa que en la práctica supone también el traslado de la sede social de Madrid a Ámsterdam.

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Esta misma semana, en paralelo con el envío de la carta del Gobierno a Ferrovial, Norges había anunciado su oposición a la mudanza, encendiendo todas las alarmas en la compañía. Con total seguridad, la compañía dirigida por Rafael del Pino obtendrá el apoyo de la mayoría de sus accionistas para ejecutar la operación propuesta. Pero basta con que un 2,5% del capital social (500 millones) díscolo con el traslado se acoja al derecho de separación para desprenderse de sus acciones y echar por tierra las intenciones del consejo de administración.

Hasta el momento es conocido que Leopoldo del Pino, hermano del presidente, con el 4,25% de las acciones, votará en contra del cambio de sede. Pero se desconocen sus intenciones sobre si ejercerá el derecho de separación por el que recibiría 26,0075 euros por acción. Pero la última palabra la tiene la constructora. El consejo de administración podría decidir hacer frente a cuantías superiores a los 500 millones y forzar la mudanza. Fuentes cercanas a la operación aseguran que la empresa no descarta ejecutar esta opción a la vez que señalan que el clima en Ferrovial respecto al asunto es de tranquilidad y no creen tener que verse abocados a acudir a esta alternativa.